Santo Domingo, RD.-. El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) pidió al Congreso Nacional que continúe el trámite legislativo para completar la aprobación del proyecto de ley que extiende la entrada en vigencia del artículo 31 del Código Penal, relativo a la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
En comunicaciones dirigidas a los presidentes del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco, respectivamente, el gremio valoró la declaratoria de urgencia y la aprobación de la pieza por parte de los senadores. La iniciativa modifica el referido artículo y pospone la entrada en vigencia de las disposiciones sobre responsabilidad penal de las empresas previstas en el Código Penal.
La comunicación enviada a ambas cámaras legislativas sostiene que “Esta iniciativa constituye un paso importante para garantizar una implementación ordenada y efectiva del nuevo régimen de responsabilidad penal corporativa, al reconocer la necesidad de otorgar a las empresas y organizaciones un plazo razonable para adecuar sus estructuras, políticas y procedimientos internos a las nuevas exigencias legales”.
No obstante, el CONEP advirtió que, “ante la proximidad del 5 de noviembre de 2026, fecha prevista para la entrada en vigencia de estas disposiciones, consideramos de especial importancia que el proyecto continúe su curso legislativo con la celeridad que amerita, mediante su oportuna remisión a la Cámara de Diputados, a fin de que pueda completarse el proceso de aprobación y posterior promulgación antes de dicha fecha”.
El gremio empresarial afirmó que la ampliación del plazo es fundamental para que las empresas y organizaciones puedan implementar programas de cumplimiento, políticas de prevención, mecanismos de control interno, canales de denuncia y procedimientos de evaluación, entre otras medidas necesarias para responder a las nuevas obligaciones legales.
También señaló que la aprobación de la iniciativa, impulsada por el senador Rafael Barón Duluc Rijo, permitiría avanzar en la capacitación de los operadores del sistema de justicia y en la definición de criterios institucionales que contribuyan a una aplicación uniforme y previsible de estas disposiciones.
En ese sentido, consideró que la entrada en vigencia del nuevo régimen debe producirse en condiciones que favorezcan su adecuada implementación, con criterios claros de imputación y estándares objetivos para la valoración de los programas de cumplimiento.
Agregó que esto debe tomarse en consideración según la naturaleza, tamaño, actividad, estructura y nivel de riesgo de cada entidad, al entender que todo ello resulta esencial para fortalecer la seguridad jurídica y garantizar una aplicación efectiva y proporcional de la normativa.
Por estas razones, el CONEP solicitó al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, que impulse la continuidad del trámite legislativo de la iniciativa y su pronta remisión a la Cámara de Diputados, dada la importancia de que el proyecto pueda ser aprobado y promulgado antes del 5 de noviembre de 2026.
Asimismo, pidió a Alfredo Pacheco “impulsar la continuidad del trámite legislativo de la iniciativa tan pronto sea recibida en la Cámara de Diputados, dada la importancia de que el proyecto pueda ser aprobado y promulgado antes del 5 de noviembre de 2026”.
El CONEP reiteró su compromiso con el fortalecimiento del marco institucional y la promoción de una cultura empresarial de integridad y cumplimiento, así como su disposición para colaborar técnicamente en los procesos de revisión e implementación de las referidas disposiciones.
