Santo Domingo. – El Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER) informó que la Séptima Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de Santiago, en funciones de Tribunal de Reestructuración y Liquidación, dispuso la apertura del proceso de liquidación judicial de Falconbridge Dominicana S. A. (Falcondo).
La decisión está contenida en la sentencia número 975-2026-SSEN-00005, del 4 de noviembre de 2026, mediante la cual el tribunal estableció que no existen condiciones para continuar con la reestructuración de la empresa. En consecuencia, ordenó su liquidación judicial conforme a la Ley núm. 141-15.
Con esta resolución, Falcondo entra en un proceso supervisado por la justicia, durante el cual serán identificados sus bienes y deudas, y se determinará de qué manera serán atendidas las reclamaciones de sus acreedores, conforme a la ley.
Para esos fines, el tribunal designó al licenciado Alis Medina como liquidador judicial. Este asumirá la administración de la empresa en sustitución de sus actuales administradores y gerentes, bajo la supervisión del tribunal.
Las personas y empresas a las que Falcondo les adeude dinero deberán declarar formalmente sus créditos dentro del proceso judicial, siguiendo los procedimientos establecidos por la Ley número 141-15.
Para hacerlo, tendrán un plazo de diez (10) días hábiles y francos, contados a partir de la primera publicación del extracto de la sentencia en la página electrónica del Poder Judicial.
Los acreedores deberán estar atentos a esa publicación para presentar a tiempo sus reclamaciones y ejercer sus derechos.
La declaración de una deuda no implica su pago automático, ya que cada reclamación deberá ser examinada y atendida conforme a las disposiciones legales aplicables.
El FONPER, en el ejercicio de las atribuciones que le han sido conferidas para representar al Estado dominicano en Falcondo, continuará dando seguimiento al proceso judicial y ejerciendo las acciones que correspondan para proteger los derechos e intereses patrimoniales del Estado, con pleno respeto a las decisiones judiciales y a la legislación vigente.
