La Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera (ANEIH) respaldó la Ley 88-26, que otorga una prórroga de 18 meses para la entrada en vigor de las disposiciones del nuevo Código Penal sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas o empresas.
El presidente de la ANEIH, Ángelo Viro, dijo que el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo acogieron la solicitud hecha públicamente por el sector empresarial e industrial para aplazar la aplicación de estas nuevas obligaciones.
La norma empezará a aplicarse el 5 de mayo de 2028, y no el 5 de noviembre de 2026, como estaba previsto de forma inicial.
“El sector empresarial e industrial no estaba preparado para asumir en un plazo tan corto las nuevas obligaciones establecidas en la legislación”, resaltó en un comunicado.
Viro sostuvo que este tiempo adicional permitirá a las empresas prepararse para cumplir con las nuevas exigencias legales y facilitará una aplicación ordenada de las disposiciones.
También exhortó a las compañías a establecer desde ahora los procedimientos internos de prevención, supervisión y control necesarios para ajustarse a la legislación.
Asimismo, llamó a revisar los procedimientos internos, verificar el funcionamiento de los controles y definir con claridad las responsabilidades dentro de las organizaciones, con el objetivo de desarrollar una verdadera cultura de cumplimiento.
La ampliación del plazo busca permitir que las personas jurídicas sujetas a estas disposiciones realicen los ajustes y adecuaciones necesarios para cumplir con el nuevo régimen de responsabilidad penal.
La prórroga alcanza los artículos 8, 9, 10 y 11 de la Ley Orgánica 74-25, que instituye el Código Penal dominicano, y que establecen las condiciones bajo las cuales las empresas pueden ser investigadas, procesadas y sancionadas penalmente por determinados delitos vinculados a sus actividades.
Entre las sanciones previstas figuran multas, cierre temporal o definitivo de establecimientos, revocación de licencias, inhabilitación para contratar con el Estado y disolución de empresas. La aplicación de estas medidas requiere un proceso judicial que determine la responsabilidad de la persona jurídica, conforme a las disposiciones legales correspondientes.
