Santo Domingo.- La inflación no siempre se refleja en las estadísticas de la misma manera en que se siente en los bolsillos de los ciudadanos.
Y aunque los indicadores oficiales puedan mostrar que el ritmo de crecimiento de los precios se mantiene dentro de los rangos establecidos, para los consumidores esto no significa que los productos y servicios hayan dejado de encarecerse ni que su capacidad de compra se haya recuperado.
Así lo explicó el economista Juan del Rosario, quien considera que la inflación constituye un factor de empobrecimiento silencioso, especialmente para la clase media, cuyos ingresos suelen ser fijos y no necesariamente aumentan al mismo ritmo que los precios.
El especialista señaló que existe una diferencia entre la forma en que el Banco Central mide la inflación y cómo la experimentan los consumidores.
Sostuvo que mientras para las estadísticas oficiales se trata de una tasa de crecimiento de los precios entre un período y otro, para las familias representa una reducción de su poder adquisitivo y mayores dificultades para comprar los mismos bienes y servicios.
Del Rosario dijo que cuando se informa que la inflación aumentó un 3% o un 5%, significa que los precios registraron un incremento en esa proporción, no que hayan dejado de subir. Por eso, que la inflación se mantenga dentro del rango meta de 4% más o menos 1 % no implica que el costo de la vida haya disminuido.
«Para el consumidor, la inflación es pérdida de su poder de compra, es tener cada mes más dificultades para adquirir los mismos bienes y servicios», destacó a El Día.
La clase media, entre los más afectados
El economista indicó que las empresas cuentan con mecanismos para enfrentar los aumentos de sus costos de producción, principalmente mediante el traslado de esos incrementos a los precios de los bienes y servicios que comercializan.
Sin embargo, los consumidores no tienen esa misma posibilidad. Cuando suben los precios, deben recurrir a sus ingresos habituales para cubrir los nuevos costos, sin que necesariamente reciban un aumento salarial que compense la diferencia.
Entiende que esta situación golpea especialmente a la clase media, debido a que una parte importante de sus integrantes recibe ingresos fijos y tampoco cuenta con suficientes mecanismos de protección estatal para amortiguar el encarecimiento de los productos.
Del Rosario consideró que los incentivos, subsidios y transferencias del Estado suelen concentrarse en las empresas y los intermediarios, por lo que los consumidores finales reciben una proporción limitada de esos beneficios.
No obstante, aclaró que los sectores de menores ingresos tampoco están completamente protegidos, pues no todos reciben ayudas estatales.
Dijo, además, que quienes dependen de pequeños negocios, actividades informales o del comercio enfrentan dificultades para trasladar íntegramente los aumentos de sus costos a sus clientes, que también tienen una capacidad de compra limitada.
En ese sentido, advirtió que el impacto de la inflación termina extendiéndose a distintos segmentos de la población, aunque sus efectos se manifiesten de manera diferente.
Detallistas proponen acuerdo para contener los precios
Desde el sector comercial, Ricardo Rosario, presidente de la Central Nacional de Detallistas Unidos, atribuyó las recientes presiones inflacionarias a las alzas del petróleo y sus derivados, que han incidido en los costos de los combustibles, las materias primas y los productos terminados, tanto nacionales como importados.
Rosario señaló que, desde marzo hasta la fecha, el incremento de los combustibles ronda entre un 14 % y un 15 %, situación que, según explicó, repercute directamente en los costos de producción, transporte y comercialización.
Ante este escenario, la organización presentó dos propuestas para enfrentar los efectos de las alzas.
La primera consiste en que el presidente de la República, en su condición de titular del Gabinete Agropecuario, reúna a los sectores agropecuarios y comerciales para coordinar acciones que permitan reducir los costos de producción, importación, transporte y distribución de mercancías.
El objetivo, explicó, es transformar los procesos de producción y comercialización para que los productos puedan llegar a los sectores productivos y a los consumidores a precios más asequibles.
La segunda propuesta contempla la celebración de la primera Cumbre Nacional de Precios, prevista para el 8 de diciembre de este año, con la participación de entidades gubernamentales y representantes de los sectores productivos.
La iniciativa busca construir una propuesta conjunta para enfrentar los efectos de la crisis internacional sobre la economía dominicana y establecer medidas que contribuyan a reducir sus consecuencias durante 2027.
«Con las protestas no ganamos nada; sin embargo, con propuestas que sean viables ganamos todo», expresó Rosario, al insistir en la necesidad de que el Gobierno y los sectores productivos trabajen de manera coordinada.
