SANTO DOMINGO.— El Poder Ejecutivo sometió al Senado un proyecto de ley que autorizaría al Estado a firmar contratos de entre cinco y 40 años con empresas privadas para construir, administrar y operar obras y bienes públicos.
La propuesta dispone que el tiempo de cada concesión dependerá de la inversión, del plazo estimado para recuperarla y del interés general. Además, establece que las empresas asumirán los riesgos de los proyectos sin garantías estatales de rentabilidad.
El texto también regula la selección de contratistas, la supervisión de las obras y las tarifas por los servicios. Todo ajuste de precios deberá estar sustentado en una justificación técnica y financiera y contar con la aprobación del Consejo Nacional de Concesiones.
Asimismo, permitiría que personas y empresas nacionales o extranjeras presenten proyectos de interés público que no requieran aportes económicos del Gobierno. Las autoridades tendrían un plazo de hasta seis meses para evaluar cada iniciativa.
Aunque los contratos podrían extenderse por cuatro décadas, el proyecto prohíbe las renovaciones automáticas. Las prórrogas solo procederían por causas justificadas y, en conjunto, no podrían superar el 50 % del plazo original.
La iniciativa contempla multas de cinco a 500 salarios mínimos del sector público por infracciones. En los casos de fraude o de beneficios económicos indebidos, las sanciones podrían llegar al doble del beneficio obtenido o del daño causado.
Entre las faltas más graves están los sobornos, los acuerdos ilegales entre participantes y el uso indebido de información privilegiada.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, informó que la propuesta será enviada a una comisión para su estudio en la próxima sesión legislativa.
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