Madrid. (España).- La intervención de Ueno Bank en Paraguay se incorpora a la lista de entidades financieras colapsadas en América Latina por insolvencia patrimonial, derivada de la concesión irregular de créditos a empresas vinculadas a sus propietarios y de conexiones con el poder político.
El caso de Ueno Bank, que provocó la destitución y detención del presidente Santiago Peña, encaja en un patrón que se repite en las crisis bancarias de la región: expansión acelerada, tolerancia de los organismos supervisores y una factura final asumida por las arcas públicas.
Estos son algunos de los casos más relevantes de bancos intervenidos en América Latina en las últimas décadas:
Banco Latino (Venezuela, 1994)
El Estado venezolano intervino el banco en 1994. Era el segundo del país por volumen de depósitos, pero atravesó una crisis de liquidez y una retirada masiva de fondos.
El caso reflejó una expansión desmedida, concentración crediticia entre empresas del mismo grupo y rescates públicos sin transparencia. También afectó a fondos de pensiones y a otras entidades, que fueron intervenidas por el riesgo de contagio financiero.
Banco Anglo Costarricense (Costa Rica, 1994)
En 1994, el Banco Central de Costa Rica anunció la intervención del Banco Anglo Costarricense, uno de los cuatro bancos estatales principales del país, por irregularidades en sociedades creadas en el extranjero.
Las pérdidas por inversiones fallidas equivalían al 1,3 % del PIB nacional y dejaron a la entidad sin patrimonio para seguir operando.
Filanbanco (Ecuador, 1998)
Las autoridades ecuatorianas intervinieron Filanbanco en 1998. La entidad era propiedad de los hermanos Roberto y William Isaías.
Se detectaron créditos otorgados a empresas de los propios accionistas y préstamos estatales por más de 400 millones de dólares. El banco cerró sus operaciones en 2001.
Banco Nuevo Mundo (Perú, 2000)
Fue intervenido por las autoridades peruanas en 2000. Presentaba un notable deterioro patrimonial y el Fondo de Seguro de Depósito desembolsó recursos para cubrir a más de 23.000 ahorradores. En este caso no se detectaron conexiones políticas.
Aunque se intentó su integración en otra entidad, finalmente fue declarado en liquidación en 2001.
Baninter (República Dominicana, 2003)
Baninter fue intervenido por las autoridades dominicanas en 2003.
Sus propietarios mantenían operaciones financieras ocultas mediante una contabilidad irregular que ocultaba pérdidas, y se concedían créditos relacionados con sus propias empresas.
Es el ejemplo clásico latinoamericano de quiebra tras la vinculación con políticos y la influencia en los organismos de control. El Banco Central tuvo que intervenir para evitar el contagio al sistema bancario.
El coste del rescate de Baninter llegó aproximadamente al 15 % del PIB dominicano.
Banco Fassil (Bolivia, 2023)
La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero de Bolivia lo intervino en 2023. El motivo principal fue el incumplimiento de liquidez frente a clientes que querían acceder a su dinero.
Se detectó un desvío masivo de fondos y créditos sin garantías vinculados a accionistas del conglomerado. Cerca de 1,3 millones de ahorradores fueron transferidos a otras entidades.
Banco Master (Brasil, 2025)
El Banco Central brasileño liquidó la entidad en 2025 por presunto fraude financiero a gran escala. El banco creció captando depósitos mediante productos de elevada rentabilidad.
Su propietario, Daniel Vorcaro, entabló relaciones con el entorno institucional brasileño y el escándalo alcanzó a personalidades políticas y judiciales.
Ueno Bank (Paraguay, 2026)
En 2026, el Banco Central de Paraguay intervino Ueno Bank para proteger los depósitos de los ahorradores. La entidad protagonizó un escándalo financiero tras su vertiginosa expansión digital y la captación masiva de fondos públicos del Instituto de Previsión Social (IPS).
La crisis estalló por insolvencia patrimonial debida a créditos irregulares concedidos a empresas vinculadas a sus directivos. El caso generó fuertes cuestionamientos por los estrechos nexos entre los accionistas del banco y el presidente Santiago Peña, que resultó detenido.
La excepción del ‘corralito’ (2001-2002)
El ‘corralito’ argentino, decretado a finales de 2001, supuso una serie de restricciones a la movilización de fondos para frenar la salida masiva de depósitos y evitar el colapso bancario.
No fue el resultado de la quiebra de un banco concreto por posibles irregularidades, sino la respuesta a una crisis sistémica.
