MADRID 2 Nov. (EUROPA PRESS) –
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha solicitado al Tribunal Supremo que obligue a California a no contabilizar cerca de 20.000 votos por correo en ese estado, correspondientes a personas que la Administración considera “probables no ciudadanos”, de cara a las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre.
La petición de la Presidencia coloca a prueba la mayoría conservadora 6-3 del Supremo y llega además con plazos muy ajustados, ya que los comicios se celebran el martes y decenas de millones de personas ya han votado por correo.
El recurso presentado por Trump se dirige contra la decisión del 9º Circuito de Apelaciones, que el viernes vetó cualquier intervención federal en el recuento de votos de California por invasión de competencias y confirmó la resolución dictada el pasado 29 de octubre por el juez federal David O. Carter.
Carter rechazó la orden de restricción temporal que había pedido el Gobierno al considerar que la medida provocaría estragos e interrumpiría unas elecciones ya en marcha. “Si el Ejecutivo puede descartar votos y amenazar unas elecciones en curso debido a acusaciones no probadas, entonces nuestra democracia está en peligro”, concluyó Carter, designado por el expresidente demócrata Bill Clinton.
La resolución judicial subraya la injerencia sin precedentes de Washington en las competencias estatales para administrar los comicios. “Nunca antes en la historia de Estados Unidos el Gobierno federal, en la víspera de unas elecciones, había tratado de coaccionar a un Gobierno estatal y local para que abandonara sus propios procedimientos electorales constitucionales y se doblegara a la voluntad de la Rama Ejecutiva”, señala el fallo.
El texto añade que, al presentar esta demanda, “el Ejecutivo pretendería que este tribunal crea que reina como soberano único. Pero California y su pueblo también son soberanos”.
El caso comenzó cuando el Departamento de Justicia entregó a las autoridades del condado de Los Ángeles y a la secretaría de Estado de California una unidad de almacenamiento con datos de más de 20.000 presuntos no ciudadanos, y exigió que sus papeletas fueran segregadas en un plazo de 48 horas tras cotejar bases de datos de inmigración y de la Seguridad Social.
Sin embargo, Carter ha puesto en duda la fiabilidad del método empleado por el Gobierno y ha recordado que el Departamento de Seguridad Nacional identificó inicialmente en Nevada a casi 16.000 supuestos no ciudadanos en las listas, cifra que después redujo a 185 tras las revisiones pertinentes, que finalmente resultaron ser todas de ciudadanos estadounidenses legales. Acceder a las peticiones del Ejecutivo sobre la base de un procedimiento “plagado de incertidumbres y errores” implicaría el riesgo de “privar del derecho al voto a ciudadanos estadounidenses”, razonó el magistrado.
La resolución advierte, además, que poner en marcha un sistema para apartar esas papeletas a pocos días del 3 de noviembre obligaría a las administraciones locales a crear procedimientos completamente nuevos, redirigiendo recursos técnicos y humanos, lo que pondría en riesgo la finalización del recuento y el cumplimiento de los plazos legales del proceso electoral.
