Santo Domingo. En la mayoría de los casos que llegan a la justicia, la privación de libertad se define en apenas ocho o diez minutos, una práctica que ha profundizado la crisis del sistema penitenciario y ha dejado una población de presos preventivos mucho mayor que la de condenados.
De acuerdo con el principio de que “todo el mundo es inocente hasta tanto se pruebe lo contrario o en su contra intervenga una sentencia definitiva”, en las cárceles dominicanas hay 16,950 presos preventivos que, según la ley, todavía no han sido declarados culpables de delito alguno.
El sistema penitenciario registra 25,878 presos, de los cuales sólo 8,928 cumplen condena.
El Nacional ha observado que en casos simples, como ratería, riñas y posesión de pequeñas porciones de drogas para consumo, los jueces de instrucción no tardan ni 15 minutos en imponer prisión preventiva a los imputados.
En el Distrito Nacional, la Oficina de Atención Permanente conoce un promedio de 20 casos al día. Las audiencias comienzan cerca de las 9:00 de la mañana y antes del mediodía ya todas han sido resueltas con sentencia de prisión preventiva.
Eso no sucede de la misma forma en los grandes expedientes de corrupción presentados por el Ministerio Público, que en algunos casos pueden durar hasta dos semanas en conocimiento.
Contrario a lo que ocurre en otros países, como Estados Unidos, donde el derecho a fianza o libertad condicional es casi obligatorio, en República Dominicana la prisión preventiva se ha vuelto una práctica cotidiana de los jueces de instrucción.
Datos estadísticos muestran que en la mayoría de los casos conocidos en el Distrito Nacional los jueces acogen las solicitudes de prisión preventiva formuladas por el Ministerio Público, lo que ha llevado a varios abogados a considerar a los magistrados como “fieles cumplidores de las medidas que pide el órgano acusador”.
Las estadísticas indican que en el país los jueces acogen alrededor del 96 % de las solicitudes del Ministerio Público, al imponer algún tipo de medida cautelar, y rechazan o archivan cerca del 4 %.
Según datos obtenidos del Observatorio del Poder Judicial, de 41,557 solicitudes de medidas de coerción analizadas, 39,905 fueron acogidas por los jueces de instrucción, para un 96.0 %, mientras que en 1,652 casos, equivalentes al 4.0 %, el imputado quedó en libertad pura y simple.
2. Cálculo en el Distrito Nacional (Casos de Mayor Complejidad)
En la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, el porcentaje de acogida de la prisión preventiva suele duplicar el promedio nacional, debido a la concentración de casos complejos, crimen organizado y delitos graves.
En el análisis de 733 solicitudes de prisión preventiva presentadas en un cuatrimestre ante los jueces de Atención Permanente del Distrito Nacional, el tribunal acogió exactamente el 49 % de los pedidos formulados por los fiscales.
El 51 % restante fue variado por los jueces hacia medidas menos gravosas, entre ellas garantías económicas, impedimento de salida, arresto domiciliario o presentación periódica.
Como efecto práctico de la garantía económica, el 26.0 % de los imputados que la reciben queda técnicamente en libertad, aunque en la práctica muchos permanecen privados de libertad de forma temporal por insolvencia económica hasta lograr una revisión de la medida.
Sobre este tema, el titular de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, Roberto Sanatana, ha dicho en reiteradas ocasiones que saturar las cárceles agrava la crisis operativa del sistema penitenciario.
Ha advertido además que la alta cantidad de presos preventivos se ha convertido en uno de los principales desafíos del sistema carcelario dominicano, hasta comprometer la operatividad, los traslados y las condiciones de habitabilidad en varios recintos.
Actualmente, los Centros de Corrección y Rehabilitación concentran 25,878 internos en todo el país. De ese total, 16,950.09, equivalentes al 65.5 %, corresponde a personas en prisión preventiva, mientras que 8,928, para un 34.5 %, ya recibió condena, según los datos más recientes de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (Dgspc), con corte a febrero del año en curso.
Santana ha citado como ejemplo que en la fortaleza de La Vega hay unos 1,900 privados de libertad, de los cuales 1,600 son preventivos. Esa situación obliga a movilizaciones constantes hacia los tribunales y genera una sobrecarga logística.
“Se me están llenando las prisiones de preventivos”, insistió, al señalar que la lentitud procesal mantiene a muchos internos durante meses sin juicio.
Organización interna de los centros penitenciarios
En relación con la organización interna de los centros, Santana explicó que el sistema aplica criterios de segmentación para reducir riesgos y fomentar la rehabilitación.
La capacidad instalada del sistema es de unos 16,357 internos, pero la población recluida supera ese límite por más de 6,900 personas.
Las autoridades penitenciarias y la Defensa Pública coinciden en que la lentitud procesal y el uso extendido de la prisión preventiva como medida de coerción, presente en cerca del 85 % de los procesos judiciales conocidos, son los principales factores que saturan los recintos.





