Santo Domingo.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) propuso este lunes un programa de contingencia y modernización para el sector arrocero, tras cuestionar la decisión del Gobierno de eliminar la protección arancelaria que había establecido frente a las importaciones de arroz estadounidense.
Durante una rueda de prensa, la organización pidió al presidente Luis Abinader convocar a productores, industriales y autoridades a una mesa nacional de negociación para evaluar las consecuencias de la derogación del Decreto 693-24 y acordar medidas inmediatas.
El partido sostuvo que el Gobierno debe presentar un plan con presupuesto y calendario de ejecución que permita mantener la rentabilidad de la producción nacional y asegurar arroz a precios asequibles para los consumidores.
La organización opositora calificó como una contradicción que el mandatario derogara, mediante el Decreto 635-26, las medidas de protección adoptadas en diciembre de 2024, después de haber prometido respaldo a los productores.
Según explicó el PLD, el decreto eliminado establecía una cuota de 23,300 toneladas métricas de arroz estadounidense libre de aranceles y un gravamen de 99 % para las importaciones que excedieran esa cantidad. El partido señaló que la derogación se produjo en medio de reclamaciones de Estados Unidos sobre el cumplimiento del DR-CAFTA.
Los representantes peledeístas argumentaron que el Gobierno conocía desde su llegada al poder, en agosto de 2020, que el período de desgravación del arroz concluiría el 1 de enero de 2025. Por ello, consideraron que las autoridades debieron preparar a los productores para enfrentar la apertura comercial.
El PLD reclamó una evaluación de la política arrocera ejecutada entre 2021 y 2026, con información sobre las inversiones realizadas, los rendimientos agrícolas, los costos de producción y los resultados de las acciones destinadas a mejorar la competitividad.
También solicitó que se hagan públicos los informes jurídicos que sustentaron la emisión y posterior derogación del Decreto 693-24, así como las comunicaciones intercambiadas con Estados Unidos y las recomendaciones del Consejo Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional.
“La derogación del decreto no puede significar que el Gobierno abandone a los productores a su suerte”, manifestó la organización.
Entre las soluciones propuestas figura iniciar negociaciones formales con Estados Unidos para identificar mecanismos de cooperación y apoyo compatibles con el tratado comercial. El partido advirtió que esas gestiones deben evitar expectativas de protección que luego no puedan cumplirse.
La organización planteó, además, un programa extraordinario que incluya rehabilitación de canales de riego, mecanización, investigación agrícola, acceso al crédito y asistencia técnica. Propuso dar atención especial a pequeños y medianos productores e incorporar medidas transitorias ante posibles pérdidas de ingresos o dificultades para comercializar sus cosechas.
En la rueda de prensa, el PLD defendió las políticas aplicadas durante sus gobiernos. Afirmó que los programas de mejoramiento genético, nivelación de suelos, financiamiento y rehabilitación de infraestructura contribuyeron a elevar los rendimientos de 4,127 kilogramos por hectárea en 2012 a 5,145 en 2019.
El partido citó cifras de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (Confenagro), según las cuales la actividad arrocera comprende alrededor de 30,000 productores y genera más de 300,000 empleos directos e indirectos.
La organización insistió en que el respaldo anunciado por las autoridades debe concretarse en financiamiento, plazos y medidas que permitan a los agricultores competir y preservar sus ingresos ante la apertura del mercado.
