El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) realizaron de forma conjunta el VI Foro «Combatiendo el Comercio Ilícito en República Dominicana», un espacio de diálogo entre autoridades y representantes del sector empresarial para fortalecer la coordinación institucional, la colaboración técnica y los mecanismos de prevención y persecución de estas prácticas, que afectan la competitividad empresarial, ponen en riesgo a los consumidores y perjudican las recaudaciones del Estado.
Durante la apertura, Eduardo (Yayo) Sanz Lovatón, ministro de Industria, Comercio y Mipymes, afirmó: «El comercio ilícito no es solo una amenaza de recaudación o económica. Es un tema de seguridad nacional. Es un tema existencial que ha sido y seguirá siendo enfrentado por la administración Abinader de manera histórica, con una coordinación interagencial e internacional, con humildad y determinación».
También anunció una cumbre regional sobre el comercio ilícito, en la que participarán países de la región. Según dijo, el encuentro se trabaja junto con el Ministerio Público.
Un foro para fortalecer la respuesta nacional
El foro, organizado por el MICM y la AIRD, reunió a representantes del Gobierno, organismos de investigación, autoridades regulatorias y organizaciones empresariales para analizar nuevas manifestaciones del comercio ilícito, así como los avances institucionales y las experiencias internacionales en prevención y persecución.
Entre las exposiciones estuvo la de Aileen Guzmán Coste, directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), quien se refirió a la legislación sobre lavado de activos como herramienta para combatir el comercio ilícito. Explicó la relación entre ambas actividades y señaló que las ganancias de operaciones ilegales pueden incorporarse al sistema financiero mediante mecanismos que aparentan transacciones comerciales legítimas. Entre las modalidades identificadas mencionó la manipulación de facturas, la sobrevaloración o subvaloración de mercancías y el uso de estructuras comerciales para ocultar movimientos de dinero. Asimismo, advirtió sobre el impacto de estas prácticas en la competencia leal, las recaudaciones tributarias y la seguridad económica.
El programa incluyó un panel sobre las nuevas manifestaciones de estas prácticas y propuestas para enfrentarlas, con la participación de Circe Almanzar, por ADOPRON; Erick Pérez, por ASOCIGAR; Patricia Mena, por INFADOMI, y Daniela Collado, por SEC, moderado por el viceministro de Comercio Interno del MICM, Rainiero Olivo Bordas.
Un segundo panel, moderado por Mario E. Pujols, vicepresidente ejecutivo de la AIRD, reunió a Nelson Arroyo, director general de Aduanas; Pedro Urrutia, director general de Impuestos Internos, y Marcos Balaguer, director de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios, para examinar las novedades institucionales en esta materia.
La visión regional estuvo a cargo de Antonio Crespo, jefe de sección de la Unidad de Transparencia Comercial de Homeland Security Investigations de Estados Unidos, quien planteó la necesidad de impulsar un enfoque que involucre a toda la sociedad, mediante inteligencia estratégica e intercambio de información, para combatir la delincuencia organizada transnacional, el comercio ilícito, la corrupción y el lavado de activos.
«Las alianzas público-privadas (APP) se están convirtiendo en un mecanismo indispensable para enfrentar la corrupción, el comercio ilícito, el lavado de activos y otras formas de criminalidad. Estas alianzas se apoyan en la inteligencia estratégica, capacidades multidimensionales, innovaciones tecnológicas y la participación articulada de todos los sectores de la sociedad», expresó Crespo.
Las palabras de clausura estuvieron a cargo del presidente de la AIRD, Julio Virgilio Brache, quien consideró prioritario seguir fortaleciendo la coordinación entre las autoridades, la colaboración técnica con los sectores productivos y los mecanismos de seguimiento para enfrentar el comercio ilícito. También afirmó que combatir estas prácticas es una responsabilidad compartida y una condición indispensable para el desarrollo económico y social del país.
«La legalidad no debe ser una desventaja para quien produce, invierte y genera empleos. Debe ser la base sobre la cual construyamos una economía más fuerte, más justa y con mayores oportunidades para todos», expresó.
Brache indicó que el contrabando, la falsificación y la evasión de obligaciones legales crean condiciones desiguales para las empresas que cumplen las regulaciones, pagan impuestos, generan empleos formales y mantienen estándares de calidad.
Recordó además que la competencia desleal ha figurado durante más de cinco años entre los principales factores que afectan la competitividad industrial, según el ranking elaborado por la AIRD.
Al final, reiteró la disposición de la AIRD de seguir colaborando con las autoridades para consolidar una estrategia permanente de prevención, detección y seguimiento del comercio ilícito, sustentada en información confiable y resultados verificables.





