MADRID 1 Nov. (EUROPA PRESS) –
La Policía polaca ha afirmado que las intervenciones recientes en las inmediaciones del Tribunal Constitucional, en Varsovia, se realizaron de acuerdo con la legislación vigente y dentro de las normas éticas, en un contexto de debate público y críticas por el operativo desplegado el viernes y el sábado, tras el estallido definitivo de una crisis latente sobre la composición de la cúpula de la corte.
En una carta difundida este domingo en redes sociales, el comandante en jefe de la Policía de Polonia, Marek Boron, sostuvo que la presencia de los agentes era necesaria para proteger tanto a las personas que se encontraban dentro de la institución como a los miles de ciudadanos que se congregaron en el exterior, ante posibles situaciones de riesgo.
"Todas las actuaciones recientes de la Policía en las inmediaciones del Tribunal Constitucional se ajustaron plenamente a la legislación vigente", afirmó el responsable policial, al subrayar que corresponde a los agentes cumplir las funciones recogidas en la Ley de Policía, no pronunciarse sobre el funcionamiento del tribunal. Entre esas competencias, recordó, figuran la protección de la vida, la salud y los bienes, así como el mantenimiento de la seguridad y el orden público.
Boron reivindicó además la independencia de la institución frente a intereses políticos o particulares y recalcó que "la Policía nunca es parte de ningún conflicto, sino que constituye una garantía para la protección de la seguridad". En ese sentido, agradeció a los agentes su profesionalidad e insistió en que el uniforme exige dejar a un lado las opiniones y simpatías políticas.
El comandante aseguró igualmente que actuará como "un escudo protector" frente a cualquier intento de utilizar el cuerpo para ejecutar acciones ilegales o favorecer intereses particulares, al tiempo que defendió la transparencia de los procedimientos y la protección jurídica de los policías en el ejercicio de sus funciones.
Finalmente, Boron apeló a la cohesión interna del cuerpo y recordó la responsabilidad de la Policía en la protección de la seguridad nacional. A su juicio, "socavar la unidad de la formación y fomentar divisiones internas" dificulta el cumplimiento de esa misión.
CRISIS SOBRE LA CÚPULA DEL CONSTITUCIONAL
El conflicto en torno al Tribunal Constitucional polaco comenzó a principios de este año, cuando el presidente del país, Karol Nawrocki, se negó a juramentar a tres de los seis jueces propuestos por el Parlamento. El presidente de la corte, Bogdan Swieczkowski, declinó permitir que los jueces elegidos por la actual mayoría parlamentaria asumieran sus funciones.
El nombramiento adicional ante el Parlamento de Maciej Berek, principal asesor jurídico del Gobierno del primer ministro Donald Tusk, como juez del Tribunal Constitucional terminó por acelerar la situación: el presidente Nawrocki también se negó a prestarle juramento.
Este viernes por la tarde, la agencia oficial de noticias polaca PAP avisó de que Swieczkowski y su adjunto, Bartlomiej Sochanski, habían sido suspendidos durante un mes y que sus nombres habían desaparecido de la página web del tribunal por orden de la jueza Anna Korwin-Piotrowska, quien apareció ante la televisión polaca para anunciar que se había convertido en la nueva presidenta de la corte.
Minutos después de los anuncios en la web, la corte aseguró en sus redes sociales que la página fue objeto de una "toma ilegal", que Korwin-Piotrowska no representa al tribunal y que cualquier persona que participe en estas actividades "está cometiendo el delito de golpe de Estado".
Por su parte, el primer ministro, Donald Tusk, declaró que la restauración del Estado de derecho "es un deber" y que "tras años de arbitrariedad" ha comenzado "un proceso difícil, a veces doloroso, que requiere una acción decidida" porque "no hay otro camino".
