SANTO DOMINGO.– El proceso de masificación de la facturación electrónica en la República Dominicana entra en una nueva fase de ajuste operativo, luego de que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) confirmara la apertura de una prórroga dirigida exclusivamente a los micro y pequeños negocios. La decisión, ejecutada por disposición del Poder Ejecutivo, modifica el cronograma original cuya última extensión venció este domingo 15 de noviembre y busca descomprimir la tensión generada en el sector comercial.
El anuncio se produce apenas veinticuatro horas después de que la administración tributaria sostuviera que el marco legal de la Ley 32-23 y su Reglamento de Aplicación 587-24 impedía nuevas ampliaciones de carácter general. No obstante, la presión ejercida por asociaciones de detallistas y colmaderos, que se manifestaron en las inmediaciones de la Plaza de la Bandera, llevó a las autoridades a recalibrar el alcance inmediato de la fiscalización digital para los establecimientos de menor volumen de operaciones.
El punto crítico para el tejido empresarial y contable se definirá a más tardar el próximo 30 de noviembre, fecha límite fijada por la DGII para publicar los parámetros técnicos de clasificación. Con esta resolución se delimitará con exactitud qué contribuyentes entran en la categoría de micro y pequeños negocios y se establecerá el nuevo plazo definitivo para que completen su adecuación tecnológica sin interrumpir sus actividades comerciales.
Desde el sector detallista, entidades como la Asociación de Colmaderos Unidos de Santo Domingo habían advertido que la implementación inmediata resultaba inviable debido a los costos de adquisición de software, las limitaciones de conectividad en zonas barriales y la complejidad operativa que supone emitir comprobantes electrónicos por transacciones de bajo monto.
Mientras se formalizan las nuevas fechas, el organismo recaudador reportó que el ecosistema fiscal digital ya supera los 165,000 contribuyentes integrados a nivel nacional. De igual forma, la institución garantizó que no se aplicarán sanciones pecuniarias ni cierres de locales durante esta ventana de transición, subrayando que la modernización del sistema de comprobantes no conlleva incrementos impositivos ni la creación de nuevas cargas tributarias para el comercio.





