Fábrica Cartesa rechazó las acusaciones de irregularidades que llevaron a la clausura de sus instalaciones en San Antonio de Guerra, provincia Santo Domingo, y afirmó que está legalmente constituida en República Dominicana, con sus registros comerciales vigentes y sus obligaciones tributarias al día.
En un comunicado dirigido a la opinión pública, la compañía cuestionó el procedimiento realizado el pasado 29 de octubre por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), a través del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM), y negó que sus instalaciones operaran como una fábrica clandestina.
La respuesta de Cartesa surge después de que el MICM informara sobre la clausura de una fábrica de cartón operada por ciudadanos de origen asiático, debido a supuestas violaciones de las disposiciones sobre uso de suelo, autorizaciones comerciales y almacenamiento de combustibles.
De acuerdo con la información divulgada por las autoridades, durante el operativo fue desmantelado un depósito irregular de combustible, en el que se ocupó un tanque con capacidad para 5,000 litros y se retuvieron 1,000 galones de gasoil.
En la intervención participaron la Dirección General de Migración y el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed).
Esta última institución ordenó paralizar las obras por presuntas violaciones a la Ley 687-82, mientras Migración verificó la situación de los trabajadores extranjeros.
No obstante, Cartesa sostuvo que no es una empresa clandestina, sino una sociedad de inversión mixta constituida conforme a las leyes dominicanas, con Registro Mercantil vigente, Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) y pago de impuestos al día.
Sobre el combustible hallado en sus instalaciones, la empresa explicó que estaba destinado exclusivamente al funcionamiento de su planta eléctrica y de equipos industriales, y no a la comercialización ni al almacenamiento para terceros.
Indicó además que desde octubre de 2025 mantiene un contrato de suministro de combustible con la empresa Dominican Energy and Services, S.A., mediante el cual recibía el producto para sus operaciones.
Cartesa también negó los señalamientos sobre la contratación irregular de extranjeros y aseguró que los cuatro ciudadanos chinos presentes en el lugar al momento de la intervención tenían visados vigentes hasta 2027.
En cuanto a los permisos de construcción y uso de suelo, la compañía afirmó que tenía documentación pendiente de entrega y que el 30 de octubre, a las 9:00 de la mañana, tenía previsto completar parte del proceso.
Agregó que no había recibido una notificación formal de rechazo de los documentos presentados.
La empresa también cuestionó el procedimiento de clausura. Según su versión, el 29 de octubre, a las 9:00 de la mañana, llegó a sus instalaciones un teniente coronel adscrito al CECCOM, quien no se identificó formalmente y cuya chaqueta solo tenía el nombre «Alberto».
Señaló que el funcionario regresó a las 4:00 de la tarde acompañado de representantes de la Dirección General de Migración y del MIVED. La empresa sostuvo que la intervención se hizo sin orden judicial y sin la presencia del Ministerio Público.
Otro de los planteamientos del documento es la supuesta existencia de presiones por parte de empresas competidoras del sector cartonero.
Cartesa aseguró que desde agosto recibe visitas de drones que, según denuncia, sobrevuelan sus instalaciones y afectan su privacidad.
La compañía dijo que conoce cuáles serían las cuatro empresas fabricantes de cartón que, según su versión, estarían detrás de las acciones en su contra y buscarían mantener el control del mercado dominicano.
Asimismo, denunció que personas se habrían presentado en sus instalaciones haciéndose pasar por vendedores y que algunas de ellas serían gerentes de clientes que luego habrían intentado diversificar sus relaciones comerciales.
Cartesa manifestó que sus operaciones representan una inversión que genera empleos y aporta a la actividad económica nacional. También sostuvo que busca competir en igualdad de condiciones con otras empresas del sector y rechazó cualquier intento de establecer monopolios en el mercado cartonero.
La clausura de la fábrica provocó pronunciamientos diplomáticos.
El Gobierno de Estados Unidos respaldó la actuación de las autoridades dominicanas, mientras que la Embajada de China cuestionó las declaraciones estadounidenses y advirtió sobre el peligro de generalizar acusaciones contra empresarios de esa nacionalidad.
La empresa concluyó su comunicado reiterando su disposición de cumplir con las leyes dominicanas y defender la libre competencia y la estabilidad de las inversiones en el país.
