Santo Domingo.— El Tribunal Constitucional rechazó un recurso de revisión de Bienes Nacionales y dejó firme una condena que obliga al Estado a pagar RD$520,491,872 a Hacienda Fondeur por terrenos expropiados en Samaná.
La suma comprende RD$515,491,872 por una superficie de 1,536,179.25 metros cuadrados y otros cinco millones por daños y perjuicios, conforme a la sentencia dictada por la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo el 6 de mayo de 2025.
El conflicto comenzó en 2001, cuando el decreto 598-01 declaró de utilidad pública parte de la parcela 3574 para asentar familias campesinas. La empresa sostuvo que el inmueble tenía uso forestal y advirtió sobre una posible confusión entre parcelas.
Hacienda Fondeur presentó su demanda de justiprecio en noviembre de 2024, después de obtener un avalúo del Catastro Nacional y una tasación privada.
En su decisión del 1 de octubre de 2026, el Constitucional determinó que Bienes Nacionales no explicó concretamente cómo la decisión de la Suprema Corte de Justicia había vulnerado sus derechos fundamentales. El tribunal no recalculó la indemnización ni examinó nuevamente el valor de los terrenos.
