Santo Domingo. Una víctima de violencia de género que acudió a la justicia de San Pedro de Macorís en busca de hacer valer sus derechos continúa sin poder apelar una sentencia dictada en su contra, debido a que el tribunal colegiado que conoció su caso no ha entregado la lectura íntegra de la decisión que extinguió el proceso penal contra el acusado.
El pasado 2 de octubre, los jueces Carlos Peña Martínez, Delfina Phillipes Silvestre y Johan Manuel Medina Polanco, que subieron por primera vez a la audiencia, luego de que los jueces anteriores se inhibieran, a solicitud de la defensa, declararon la extinción del proceso penal por vencimiento del plazo, fallando a favor del capitán del Ejército y empresario Orlando Ramírez.
Ramírez es acusado por el Ministerio Público de cometer violencia de género, agravada por su condición de militar, así como el delito de trata de personas, en perjuicio de su ex areja, la venezolana Mildred Rivas Felizola.
El tribunal anunció la lectura integra para el 23 de octubre pasado. Ante la no entrega de la sentencia integra, recientemente la magistrada María del Carmen De León, procuradora adjunta coordinadora del caso, interpuso una solicitud de pronto de despacho y ante el silencio del tribunal, incoó una queja por retardo en justicia en perjuicio de la víctima.
Hasta la fecha, el tribunal no ha obtemperado a dichos requerimientos de la víctima y del Ministerio Público, lo que mantiene a Rivas Felizola en estado de indefensión, sin poder ejercer su derecho a apelar la decisión en su contra.
La víctima Mildred Alexandra Rivas Felizola se querelló varias veces contra su expareja sentimental y, a pesar de que se dictó apertura a juicio en 2022, el Ministerio Público nunca pudo presentar su acusación, debido a los constantes aplazamientos por largos períodos entre una y otra audiencia.
Al rechazar el pedimento de extinción del caso, la magistrada De León argumentó en la audiencia que el tiempo transcurrido desde el inicio del proceso también afectaba a la víctima, lo cual no fue tomado en cuenta por el tribunal al fallar extinguiendo el caso.
Familiares y personas cercanas a la víctima hacen un llamado público al Poder Judicial para que se entregue de inmediato la sentencia íntegra, se garantice el derecho de la víctima a recurrir y se respete el debido proceso para todas las partes.
Sobre el caso, el Ministerio Público afirma que Ramírez, quien también es empresario, cometió los hechos en contra de su expareja, a quien agredió físicamente en diferentes ocasiones.
Dice que el encartado ha utilizado de manera recurrente tácticas dilatorias para entorpecer el desarrollo del juicio del proceso penal que comenzó hace unos seis años.
